EL ENTE DE CONTROL REITERA EL ROL DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES
Prensa Acoltés
El transporte de pasajeros en todas sus modalidades, es un servicio esencial para garantizar la movilidad de los habitantes y contribuir al desarrollo económico del país. Por otra parte, tanto la inspección como la vigilancia de su prestación recae en el presidente de la República; quien podrá delegarla en sus ministros, entidades descentralizadas, alcaldías y gobernaciones, entre otras autoridades.
La Superintendencia de Transporte, como regulador tiene un papel fundamental al desarrollo de mecanismos que faciliten ese control, articulándose con las alcaldías municipales, distritales y demás áreas metropolitanas, de acuerdo con el marco normativo vigente. Por tanto, las tareas de dirección, supervisión y coordinación de las labores orientadas a inspeccionar, vigilar y controlar la prestación del servicio público de movilización de pasajeros son su compentencia.
Teniendo en cuenta lo anterior, la tanto, reitera y exhorta a las autoridades locales del territorio nacional para desarrollar y aplicar acciones concretas que controlen toda forma ilegal e informal de prestación del servicio público, dentro de cada jurisdicción, para asegurar que las empresas habilitadas para operar y que cumplen con los requisitos técnicos, económicos y jurídicos que permitan movilizar los pasajeros.
En su última circular externa, la Superintendente Ayda Lucy Ospina recalca que “La proliferación del fenómeno de ilegalidad o informalidad así como crecimiento, no son excusa alguna para el cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios públicos y la autoridad de transporte, todo lo contrario, opera como un indicador de la necesidad, pero, sobre todo, de la exigibilidad de acciones mucho más concretas, estructuradas e integrales en el ejercicio de las labores de inspección, vigilancia y control que les corresponden”.
Ciudades de la costa atlántica como Valledupar, Cartagena o Montería han tenido que desplegar grandes esfuerzos para controlar prácticas como el mototaxismo, o el transporte en vehículos particulares que se habían salido de control, entorpeciendo la actividad de las empresas habilitadas en las diferentes modalidades y adicionalmente obteniendo beneficio económico. Incluso en algunas capitales, la Supertransporte evidenció que no se desplegaron los mecanismos de control frente a la ilegalidad, generando efectos adversos en el servicio formal.
«Es muy importante que se entienda tanto la responsabilidad como el compromiso legal de las autoridades municipales y regionales, junto con la dirección de tránsito y transporte de la Policía Nacional para que haya una vigilancia permanente y efectiva sobre la informalidad. El transporte formal está dispuesto a seguir adoptando mecanismos de control, pero debe existir una insistencia mayor sobre la ilegalidad pues está acabando con el transporte reglamentado. No pueden estar en la vía pública, ni en terminales ni estar creando paraderos improvisados o terminalitos, como los llaman en muchas ciudades» enfatizó Lupoani Sánchez Celemín, presidente ejecutivo de Acoltés.
La Supertransporte también recuerda que la diligencia y el adecuado cumplimiento de las responsabilidades relacionadas con vigilancia, control y sanción, no se mide por la cantidad o intensidad de las acciones desplegadas, sino por la corroboración de haber activado todos los mecanismos a disposición de las autoridades.
Les invitamos a consultar y descargar la circular emitida por la Superintendencia de Transporte en el siguiente enlace: