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ESTAS SON LAS GRAVES FALLAS DE LAS RUTAS ESCOLARES EN BOGOTÁ

Por: Guillermo Reinoso Rodríguez - Twitter: @guirei24 / Articulo del TIEMPO 
Bogotá, 31 de marzo 2022.

 

Transporte escolar, ¿más inseguro hoy? 
Las autoridades de tránsito de Bogotá han encontrado vehiculos que no están habilitados, no tienen botiquín o el extintor éxpiro o incluso tienen escape de aceite.
 
Durante un operativo de control de las rutas escolares en la zona del parque El Tunal, en Tunjuelito, las autoridades de tránsito en Bogotá se encontraron un vehículo particular en el que eran transportados seis estudiantes. El automotor, tipo van, regularmente venía prestando ese servicio aunque no estaba autorizado.

Ante esto, los agentes civiles y policías de tránsito, quienes acompañaban al grupo de gerencia en vía de la Secretaría de Movilidad, ordenaron la inmovilización del carro y solicitaron a la institución educativa habilitar otro vehículo para el transbordo de los menores. El comparendo impuesto fue por destinar un vehículo a servicios diferentes establecidos en la ley, que tiene un costo un millón de pesos.
 
En otro operativo en Engativá fue hallado un vehículo de servicio especial prestando el servicio de transporte escolar a pesar de que no contaba con la documentación que lo habilitaba. El automotor también fue inmovilizado y la matrícula podría ser cancelada.
 
Estos son solo dos casos de incumplimientos detectados en los vehículos de transporte escolar en Bogotá. De hecho, en los operativos se han encontrado carros que no llevan el botiquín o el extintor está vencido o no tienen los distintivos que lo identifican como tal, los dispositivos luminosos están averiados o, incluso, presentan fugas de aceite en caja o motor. Desde el retorno a los colegios, a partir del 24 de enero, los agentes y policías de tránsito han impuesto 367 comparendos a rutas escolares, para cerca de ocho diarios. Del total de automotores amonestados, 21 fueron inmovilizados.
 
Ante esos hechos, Nicolás Correal Huertas, subsecretario de Gestión de la Movilidad, les hizo un llamado a los padres de familia, colegios, empresas y conductores sobre la corresponsabilidad de contar con vehículos seguros y señaló que con la estrategia de Ruta pila, con corte al 24 de marzo, se han revisado 1.798 vehículos.
 
(Le recomendamos: Bogotá refuerza su cerco de seguridad con 1.500 policías) En la capital, según el gremio del transporte especial -del que hace parten las rutas escolares–, el servicio es prestado por unos 31.000 vehículos, entre automóviles y buses (eso es el 40 % de las 95.641 rutas que hay en el país), que movilizan entre 1 millón y 1,2 millones de estudiantes todos los días.
 
Ante las graves fallas encontradas en los vehículos de transporte de estudiantes, surgen preguntas como ¿quién vigila que las rutas escolares cumplan con las disposiciones de ley?, ¿qué responsabilidad tienen las empresas que prestan el servicio? y ¿hasta dónde pueden ejercer vigilancia los colegios y padres de familia?

El problema es de plata  
"Si un vehículo tiene fallas es porque después de la pandemia muchos quedamos sin
un peso..."

Un dirigente y empresario del transporte escolar que pidió reserva del nombre le dijo a este diario que, en efecto, hay vehículos en la ciudad que prestan el servicio aunque no cumplen con el mantenimiento y no están en un estado adecuado para movilizar niños.
 
Explica que eso tiene origen en que los carros estuvieron casi dos años en parqueaderos y los propietarios o las empresas tienen el dinero para pagar el valor acumulado del estacionamiento pero no para hacerle el “mantenimiento completo”. Eso sin contar, agregó, que otros no han logrado aún recoger la plata para pagar el parqueadero.
 
“Si un vehículo tiene fallas es porque después de la pandemia muchos quedamos sin un peso, y como no hubo apoyo es posible que muchos estén en vía pública prestando el servicio sin el mantenimiento adecuado. Eso puede costar 2 o 4 millones de pesos”, señaló el empresario, quien sugirió que las autoridades distritales o incluso nacionales podrían ayudar a esos propietarios para que puedan “poner a tono sus vehículos”.
 
Mary Bottagisio Reyes, directora de la Fundación Liga contra la violencia vial, señala que la responsabilidad del control y vigilancia del transporte especial –donde también están transporte empresarial, usuarios de la salud y turismo– es de la Superintendencia de Transporte, pero que eso no se está cumpliendo no solamente en la capital, sino en muchas otras ciudades.
 
Bottagisio destaca que la Secretaría de Movilidad de Bogotá tiene el programa Ruta pila, que busca mejorar el transporte escolar, pero también señala que más allá de hacer operativos, imponer comparendos y reportar ante la Superintendencia no puede hacer más.

“La Secretaría de Movilidad no es competente para sancionar a la empresa de transporte especial, el único es la Superintendencia, que puede aplicarles sanciones a las empresas”, explica Bottagisio, quien aclara que los colegios tampoco es mucho lo que pueden hacer. “El colegio puede exigir lo que establece la ley, pero no comprobar que efectivamente se cumpla”, afirma la experta en transporte, quien no duda en señalar que los vehículos de transporte escolar “tienen bajo nivel de seguridad”.
 
Y recuerda que el Distrito tiene el Registro de Transporte Escolar, donde los establecimientos educativos presentan un informe anual de transporte escolar, lo que le permite a la Secretaría de Movilidad adelantar acciones de control sobre los vehículos, pero no todos los colegios cumplen.
 
Por su parte, Lupoani Sánchez Celemín, presidente ejecutivo de Acoltés (Asociación Colombiana del Transporte Terrestre Automotor Especial), reconoce que hay problemas en la prestación del servicio, pero señala que “no es por culpa de la normatividad”, la cual “es exigente y estricta”.

De acuerdo con el dirigente gremial, en este tema son varios los actores y todos deben ejercer vigilancia y control para que los vehículos cumplan con las normas, y cita a las autoridades de tránsito, colegios, que contratan el servicio; la asociación de padres de familia, los padres de familia, las empresas y conductores, el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación. Estos últimos, según dijo, deben vigilar y apoyar a los colegios para que los contratos sean transparentes y se cumplan.
 
“Mi llamado es a que todos los actores hablemos el mismo idioma, que todos exijamos, no después de que ocurra un accidente”, insistió el Dr. Lupoani, quién pidió a las autoridades de tránsito de la ciudad restablecer las reuniones mensuales del sector que desde hace unos cinco años no se convocan.

Y las autoridades 
Al ser consultada sobre los fallas de las rutas escolares y los controles que se realizan en la ciudad, la Secretaría Distrital de Educación respondió que “en coordinación con la Secretaría de Movilidad y la Dirección de Tránsito de la Policía realiza controles operativos” a los vehículos de las rutas de colegios distritales y que, según el subsecretario del área de Acceso y Permanencia, Carlos Reverón, este año están previstas jornadas de Ruta pila en mayo y agosto.
 
“Las jornadas de Ruta pila, que se realizan dos veces al año, están orientadas a la mitigación de la accidentalidad de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes beneficiarios del programa de movilidad escolar (...)”
, señaló.
 
A su vez, la Superintendencia de Transporte recordó que son las empresas las que deben garantizar que los vehículos estén homologados y “en óptimas condiciones técnico-mecánicas”, y que la supervisión y control operativo está a cargo de las autoridades de tránsito, que en el caso de Bogotá es la Secretaría de Movilidad. En esos operativos pueden participar la Superintendencia y la Policía.
 
La entidad indicó que los colegios además de disponer del coordinador de ruta, deben supervisar las condiciones y cumplimiento de los contratos, observar la probidad y habilitación de la empresa, contar con un plan estratégico de seguridad vial y entregar a cada padre de familia copias del contrato, de la póliza y de la habilitación de la empresa.
 
En el caso de los colegios con vehículos propios, señala que también se rigen por las normas del transporte especial y deben asegurar que los automotores estén en óptimas condiciones.
 
Las 7 principales infracciones
  • No portar el Formato Único de Extracto de Contrato o portarlo vencido.
  • No tener completo el equipo de prevención y seguridad.
  • No llevar la leyenda ‘Escolar’ en la parte frontal y posterior del vehículo o llevarlas en adhesivo.
  • Portar el extintor vencido.
  • Vehículo con dispositivos luminosos averiados.
  • Vehículo con sillas sueltas.
  • Vehículo con fugas de aceite en caja o motor.
 




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